Lunes 10 de Diciembre de 2018

Analizan los diputados locales la petición del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México sobre presupuesto para el ejercicio fiscal 2019

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Analizan los diputados locales la petición del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México sobre presupuesto para el ejercicio fiscal 2019

Diputados que integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México recibieron, en mesa de trabajo, a la titular del Tribunal de Justicia Administrativa local, Yasmín Esquivel Mossa, quien explicó su proyecto de presupuesto para el año 2019, el cual asciende a un monto  de 530 millones 685 mil pesos.

 

En la reunión de trabajo, la diputada del PVEM, Teresa Ramos Arreola indicó que las resoluciones que emita el Tribunal en materia de responsabilidades administrativas deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso; consecuentemente su administración debe ser eficiente para lograr la eficiencia de la justicia administrativa bajo el principio de rendición de cuentas.

 

Después, el diputado del PRI,  Ernesto Alarcón Jiménez señaló que el acceso efectivo a la justicia por parte de la ciudadanía es un principio que todo Tribunal debe garantizar, por tal motivo es necesario que cuente con la liquidez suficiente que no ponga en riesgo el acceso a la justicia. Por tal motivo su fracción parlamentaria considera oportuno el plan de presupuesto planteado.

 

La diputada Leonor Gómez Otegui, del PT, aseguró que la justicia administrativa en la Ciudad de México quizá sea una de las materias que menor atención recibe, pero que mayores retos y desafíos tiene de cara a la instrumentación del servicio local anticorrupción. “El Tribunal de Justicia Administrativa no sólo tiene que atender las nuevas disposiciones establecidas en la Constitución general y local, sino también implementar las disposiciones contenidas en la nueva Ley Orgánica y en la Ley de Justicia Administrativa vigentes del 2017”.

 

Más adelante, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, resaltó que “este Tribunal es fundamental, porque es aquel que va de alguna manera controlando a la autoridad y que va siendo garante de que las autoridades, sobre todo las autoridades administrativas de la Ciudad de México, se apeguen al marco legal correspondiente”.

 

El diputado del PAN, Federico Döring Casar, cuestionó “ha referido que 25 por ciento de las demandas iniciadas son a través de la Defensoría  Pública, ¿tiene algún coeficiente de qué porcentaje de esas logran obtener la nulidad a favor del ciudadano, versus la autoridad?

 

El diputado de MORENA, Carlos Díaz Mirón indicó que revisando el proyecto presupuestal “llama la atención, obviamente la mesa es para revisar las y los diputados que revisemos el proyecto de presupuesto que usted está planteando para el próximo ejercicio fiscal en dos capítulos fundamentales, el capítulo 5000 debido a que ya ha sido tan nombrado en esta mesa el sistema local anticorrupción”.

 

Pedimos sólo lo que necesitamos para el funcionamiento y adecuado servicio: Yasmin Esquivel Mossa

 

La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Yasmin Esquivel Mossa, en su turno, informó que el techo mínimo presupuestal solicitado es de 530 millones 685 mil pesos. “No pedimos mas lo que necesitamos para el funcionamiento y adecuado servicio”.

 

A los diputados locales les pidió apoyo para continuar con el proceso del sistema local anticorrupción. “Ojalá se puedan analizar y revisar las iniciativas que han presentado los Grupos Parlamentarios con relación a la Ley Orgánica para disminuir el número de magistrados, actualmente tenemos 20; el número es alto, espero que se pueda revisar la reducción de magistrados y se pueda quedar en  nueve, quizá en seis, como lo está planteando algunas de las iniciativas”.

 

Además, a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública les pidió apoyo para aprobar los recursos económicos necesarios para cubrir todos los juicios que se tienen en cumplimiento de ejecutoria, es decir, aquellos magistrados que se han retirado y promovieron juicios para un haber de retiro, “se han ganado estos juicios y se ha ordenado a pagarles estos haberes de retiro”.

 

Explicó que la institución aplicará medidas de austeridad como ajuste de tabuladores, cancelación del pago de seguro de gastos médicos mayores, racionalizará uso de papelería y fotocopiado, se limitarán congresos y eventos, se limitará contratación de honorarios profesionales, cancelación de mobiliario y equipo informático, reducción de insumos para cursos y reuniones, entre otros.